Un problema político
El calentamiento global tiene una incidencia directa en la manera en la que cohabitamos este mundo y en el modo en el que interactuamos con otros sistemas y ecosistemas, en el modo en que participamos en el común y en la manera en que lo producimos. Su importancia sólo se entiende desde la (bio)política. Unos países y grupos sociales tienen más responsabilidad que otros en el cambio climático, y son también determinadas áreas geográficas y determinadas comunidades las que se verán más perjudicadas que otras por los efectos negativos del incremento global de las temperaturas. Y los factores antropogenéticos que influyen en el clima, especialmente la contaminación de la atmósfera con gases de efecto invernadero, se corresponden en lo fundamental con un modo de producción, fuerte consumidor de combustibles fósiles, que no es otro que el del capitalismo industrial (y, no lo olvidemos, el de su primo hermano el socialismo soviético).
Cambio climático y crisis económica no son, pues, dos temas diferentes de la agenda política mundial, sino dos aspectos del mismo problema. Lo que invita a la confusión es que ambas crisis corresponden a tiempos y escalas diversas, y son abordados desde culturas académicas que la Modernidad ha diferenciado entre ciencias y humanidades: una visión biológica y geológica domina en el primer caso, mientras que la perspectiva social se impone en el segundo. El clima y su relación con la biosfera obliga a borrar la frontera entre ambas culturas.
Así pues, si la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, cuya decimoquinta edición se celebra estos días en Copenhague (Dinamarca), es tan relevante -más allá de los resultados concretos a los que se lleguen en la última reunión- es porque tiene implicaciones políticas, ideológicas, ecológicas y económicas de primer orden, como finalmente han terminado por reconocer las elites transnacionales de Davos, tras décadas de luchas por parte de los movimientos ecologistas. Lo que está en discusión es, a corto plazo, la evolución del capitalismo postindustrial; a medio plazo, el planteamiento de un escenario postcapitalista; y a largo plazo, el futuro mismo de la especie humana.
En esta situación, podemos distinguir, simplificando, tres argumentaciones, una vez descartadas las negacionistas: por un lado están quienes, aceptando la necesidad de actuar políticamente, pretenden modificar lo menos posible el modelo neoliberal; por otro lado hay quienes promueven un "new deal" que incluya reformas económicas supuestamente "verdes" pero que tendrían en realidad efectos medioambientales y redistributivos perversos y podrían acelerar las políticas de acumulación por desposesión (adquisición de tierras para agrocarburantes, por ejemplo); y, finalmente, encontramos a los que sostienen que sólo una modificación profunda y progresiva de nuestra manera de vivir, tanto en lo que se refiere a la democracia como al modo de producción y consumo, puede afrontar la cuestión del cambio climático de manera justa (muchos emplean la expresión "green new deal" en este sentido). Cada uno de estos grupos es bastante heterogéneo.
Cuánto cuesta contaminar
Una herencia del primer planteamiento es el mercado de derechos de emisiones de CO2 que creó el Protocolo de Kioto a instancias de los Estados Unidos de Bill Clinton, Al Gore y Lawrence Summers, y que se considera la principal herramienta en la "lucha contra el cambio climático". El comercio (trade) de derechos de emisión es un sistema por el cual los gobiernos o entidades supranacionales asignan a las empresas cuotas para sus emisiones de gases de efecto invernadero en función de los límites (cap) máximos de contaminación fijados para un determinado período (de ahí que se conozca al sistema como cap and trade). Cada "derecho" autoriza al titular a emitir una tonelada de CO2.
Para entender mejor su funcionamiento, veamos qué sucede en la Unión Europea. En virtud de Kioto, a la UE se le ha asignado una cantidad autorizada de emisión de CO2 y de otros gases de efecto invernadero (equivalentes en dióxido de carbono). Esos derechos de emisión para el período 2008-2012 se establecieron en 1997 en relación con los niveles de 1990, afectados de un porcentaje de reducción del 8 % con respecto a ese año. Esa es la cantidad que Europa puede contaminar. Si, por las razones que sea, las empresas de la UE no pueden llegar a cumplir con sus compromisos de reducción, entonces tienen la posibilidad de comprar a otro país, como Rusia, permisos de emisión que dicho país no ha necesitado usar (gracias, dicho sea de paso, al colapso de la economía soviética, el mayor recorte de emisiones que se ha dado en la era industrial). Para poner en funcionamiento este sistema, la UE creó, además, un régimen comunitario de comercio de emisiones propio (ETS por su siglas en inglés) que se articula en torno a planes nacionales de asignación (que en el futuro será reemplazado por una asignación única comunitaria). Otros países desarrollados han instaurado sistemas cap and trade similares.
Este mercado refleja un notable esfuerzo por "endogeneizar" o internalizar las externalidades negativas de la actividad económica, en este caso mediante la atribución de un precio no a la propiedad de una mercancía, sino al derecho de uso de un bien común como es la atmósfera. Hay otras maneras de hacerlo, vía impuestos por ejemplo, opción que los Estados descartaron en una época en la que el neoliberalismo se presentaba como la única alternativa posible. Hasta entonces lo que se había hecho era o bien "exogeneizar" estas externalidades -deslocalizando industrias contaminantes- o mantener la posibilidad de extraer constantemente externalidades positivas sin tener en cuenta el coste de las negativas. Por esta razón, los partidarios del comercio de derechos ven en el desarrollo de este mercado un avance. En realidad, más que un mercado "libre" se trata de un mercado fuertemente administrado por los Estados e instancias supranacionales, pues las asignaciones de derechos que hacen los gobiernos sobredeterminan el juego de la oferta y la demanda y por tanto los precios. Los socialdemócratas sostienen que ahora hay reglas donde antes no las había, y es cierto. Lo que es discutible son las consecuencias que imponen dichas reglas.
En la práctica este esquema no ha servido por el momento para incentivar las reducciones de emisiones y contribuir a mitigar el calentamiento global. Ante la presión de las empresas industriales y debido a las dificultades para calcular estas externalidades, se otorgaron de forma gratuita más derechos de lo que necesitaban las empresas que contaminan. En la UE esto generó, sobre todo en la primera fase de la implantación del ETS, un excedente de permisos que se han vendido a otras empresas contaminantes y que así evitan tener que reducir sus emisiones de gases. Como el número de permisos se calcula de acuerdo con los niveles existentes de contaminación, resulta que quienes han contaminado más en el pasado son los que reciben las mayores ayudas. Este factor, junto con la crisis económica actual, ha contribuido al desplome de los precios de los derechos de emisiones (carbon crunch), lo que a su vez desincentiva las reducciones previstas al disponer las empresas de excedentes de derechos que pueden "titulizar" y vender en los mercados secundarios.
Otro mecanismo flexible es el mecanismo de compensación de carbono del Mecanismo de Desarrollo Limpio, que gestiona Naciones Unidas, por el cual los países más industrializados pueden invertir en proyectos de reducción de emisiones en los países menos desarrollados y de esta manera superar los límites de contaminación (al obtener una especie de crédito). La supuesta reducción en la emisión se calcula sobre la hipótesis de cuántos gases de efecto invernadero hubieran entrado en la atmósfera en ausencia del proyecto (1). Un cálculo, como mínimo, aventurado, que queda en manos de empresas consultoras, y que según la red Carbon Watch incrementa -en lugar de reducir- las emisiones globales debido a las numerosas lagunas que existen en su regulación. De nuevo, se trata de asignar un precio mediante la creación de un mercado y de concebir las finanzas como una forma de gobernanza de la vida y de atrapar el futuro en el presente.
Cuestión de tiempos
Antes he sugerido la idea de diferentes temporalidades y escalas que se entrecruzan a la hora de abordar el cambio climático. La referencia a la especie humana nos sitúa en un tiempo muy largo, geológico. El marco temporal de la política era hasta hace poco mucho más estrecho, y si bien en ocasiones podemos retrotraernos en la discusión a los albores de la contemporaneidad, con el surgimiento del capitalismo, difícilmente escapamos al corto plazo de la longevidad humana. En este marco la especie humana se encuentra polarizada en divisiones sociales múltiples que dan lugar a interacciones y conflictos.
La perspectiva ecologista obliga por tanto a superponer todas estas temporalidades, lo que no resulta nada fácil. Esto se puede comprobar en el agrio debate que se está dando en el citado tercer grupo, el de los que privilegian una transformación hacia una sociedad más justa y sostenible, y que corre el riesgo de reproducir una falsa alternativa entre reforma y revolución o peor, entre ecología y economía. En el último número de la revista digital Turbulence (2) , Frieder Otto Wolf, ecosocialista alemán, y Tadzio Mueller, editor de la revista y miembro de la Climate Justice Action Network (ahora detenido en Copenhague), discrepan sobre el alcance de un posible consenso global sobre el clima. Mientras Otto Wolf sostiene que hay que "secuestrar el acuerdo" entre la constelación de fuerzas realmente existentes, en lugar de rechazarlo a la espera de un mundo no capitalista, Mueller estima que es necesaria la construcción de sujetos antagonistas, lo que "sólo se puede hacer marcando una clara oposición a las propuestas que están sobre la mesa".
En este punto puede ser de utilidad la referencia de Immanuel Wallerstein sobre el malentendido que surge al enfatizar tiempos políticos diferentes, ya sea el corto, el medio, o el largo plazo (3). Otto Wolf se centraría en la agenda política de corto plazo (la "emergencia climática", aunque con un ojo sobre el largo plazo), mientras que Mueller insiste en lo que Wallerstein denomina la agenda política de medio plazo, que corresponde, como mencioné antes, a las estrategias de superación del capitalismo. Si en el corto plazo, la estrategia es la del compromiso y la elección del mal menor, en el medio plazo no cabe compromiso alguno, sino la lenta construcción de los movimientos, de otra sociedad.
En un reciente ensayo (4), el historiador bengalí Dipesh Chakrabarty pretende superar esta disyuntiva, precisamente con una reflexión sobre las temporalidades históricas. Chakrabarty se pregunta si hablar de especie humana acaso no sirve para enmascarar la realidad de la producción capitalista y la lógica de la dominación imperial. Un término tan inclusivo oculta la responsabilidad específica de los países más ricos y de las clases dirigentes de los países más pobres. Dicho de otro modo: "¿Por qué no podría bastar la narrativa del capitalismo -y por tanto su crítica- como marco para interrogarse acerca de la historia del cambio climático y comprender sus consecuencias?"
Chakrabarty se responde a sí mismo argumentando que cualquiera que sea el modelo socioeconómico,
"no podemos permitirnos desestabilizar las condiciones (tales como el rango de temperatura en el que existe el planeta) que funcionan como parámetros fronterizos de la existencia humana. Estos parámetros son independientes del capitalismo o del socialismo. Han permanecido estables durante mucho más tiempo que las historias de estas instituciones y han permitido a los seres humanos llegar a ser la especie dominante sobre la Tierra. Desafortunadamente, ahora nos hemos convertido en un agente geológico que perturba estas condiciones paramétricas que necesitamos para nuestra propia existencia.
Con esto no quiero negar el papel histórico que los más ricos, y especialmente las naciones occidentales del mundo, han jugado al emitir gases de efecto invernadero. Pensar como especie no implica resistir las políticas de la "responsabilidad común pero diferenciada" que China, India y otros países en desarrollo desean seguir cuando se trata de reducir sus propias emisiones. Si responsabilizamos a los que son culpables retrospectivamente - es decir, culpar a Occidente por sus acciones pasadas- o aquellos que son culpables prospectivamente (China acaba de superar a los Estados Unidos como el principal emisor absoluto de dióxido de carbono, aunque no per cápita) es una pregunta que sin duda está vinculada a las historias del capitalismo y de la modernización. Pero el descubrimiento científico del hecho de que los seres humanos se han convertido en este proceso en un agente geológico apunta hacia una catástrofe compartida en la que todos hemos caído "
Y concluye:
"Por tanto resulta imposible entender el calentamiento global como una crisis sin comprometer las propuestas que avanzan estos científicos. Pero al mismo tiempo, la historia del capital, la historia contingente de nuestra caída en el Antropoceno, no puede negarse mediante el recurso a la idea de la especie, porque el Antropoceno no hubiera sido posible, ni siquiera como teoría, sin la historia de la industrialización. ¿Cómo podemos mantener las dos ideas juntas mientras pensamos la historia del mundo desde la Ilustración? ¿Cómo nos relacionamos con una historia universal de la vida -esto es, con un pensamiento universal- mientras retenemos lo que tiene un valor obvio en nuestra sospecha postcolonial de lo universal? La crisis del cambio climático reclama pensar simultáneamente en ambos registros, mezclando las cronologías inmiscibles de las historias del capital y de la especie. Esta combinación amplía, sin embargo, de diversas maneras, la misma idea de la comprensión histórica."
Chakrabarty piensa como historiador, pero lo mismo podría aplicarse al terreno político.
Evitar el shock
Volviendo a Copenhague y lo que venga, luchar porque los acuerdos que se deriven de este proceso sean mínimamente "aceptables" no excluye que este juicio de conformidad opere siempre dentro de una agenda política de medio plazo (una o dos generaciones), de transición del vigente modelo económico y político a otro diferente.
Los gobiernos y las corporaciones también abordan la problemática de los tiempos, pero por medio de las finanzas. Al insistir en esta vía existe el riesgo de que el "shock" climático (5) presente nuevas oportunidades para la explotación y la acumulación, por medio de mecanismos como la deuda (6) o a través de la normativa del comercio internacional (7). Los movimientos sociales que se han desarrollado en torno al Foro Social Mundial han demostrado cómo la deuda externa ha servido, bajo el neoliberalismo, para transferir ingentes recursos a los países desarrollados e imponer modelos de desarrollo basados en grandes inversiones "sucias" enfocadas a la exportación. Estas inversiones por lo general implican fuertes emisiones de carbono (desde la industria extractiva minera hasta la producción masiva de celulosa o de soja transgénica), sin tener en cuenta la deuda ecológica y climática que los países más avanzados habrían contraído con el sur ni los formidables procesos de privatización que traen consigo.
A su vez, las reglas de la Organización Mundial de Comercio dificultan, cuando no contradicen abiertamente, la aplicación de los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente. El último capítulo es el energético, donde en nombre de la seguridad en el aprovisionamiento se promueve la extracción de combustibles fósiles (gas natural) y se desempolvan viejos planes nucleares. Propuestas que tienen mucho que ver con sistemas centralizados de producción y distribución de la energía que necesitan crear una demanda siempre en aumento.
Muchas de las propuestas que se están debatiendo continúan en la línea de la monetarización y la creación de títulos de propiedad o equivalentes para aprovechar los bienes comunes. El programa REDD de Naciones Unidas, creado a raíz de una propuesta del Banco Mundial, parte de la premisa de que sólo asignando un valor monetario a los bosques se puede evitar la deforestación, sin que a este respecto se tenga en cuenta ni los conflictos no resueltos sobre los derechos sobre la tierra ni la distinción entre plantaciones privadas y tierras comunitarias. Otras propuestas se basan también en el mercado: dudosos esquemas de certificación a menudo controlados por transnacionales, producción masiva de biocarbón, liberalización de bienes y servicios medioambientales, etc.
Por tanto, no se puede discutir acerca de los sumideros de carbono o del biocarbón, en relación con el cambio climático, con independencia de la cuestión de la propiedad y las formas de organización, locales y globales, de la especie humana. En sí mismo, el biocarbón (la producción de carbón de manera artificial a partir de la biomasa) no es ni bueno ni malo. Por un lado, históricamente se ha usado como fuente de energía y como fertilizante natural en la agricultura. Sin embargo, cuando se propone como "solución" para mitigar el cambio climático, desde una concepción de mercado, se acaba considerando una producción a gran escala que inevitablemente requiere dedicar millones de hectáreas a la producción de biomasa (mediante plantaciones privadas de árboles genéticamente modificados), desplazando otros usos de la tierra y generando fuertes impactos en la producción de alimentos y en la biodiversidad, como se ha comprobado con la producción masiva de agrocarburantes.
Para evitar una burbuja "verde" y sus posibles "shocks" habrá que continuar cambiando la manera de pensar y actuar políticamente, dejando de priorizar la escala global y sus representantes como el único nivel aceptable de la acción política, superando las dicotomías público/privado, economía/ecología. Dejar, en definitiva, de considerar lo común únicamente desde lo público o lo privado, o como algo que afecta únicamente a bienes naturales considerados externos a nosotros, como el clima, para pasar a la producción democrática del común.
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(1) En este apartado me baso sobre todo en el excelente informe "Carbon trading: how it works and why it fails", publicado por la Fundación Dag Hammarskjöld (Critical currents n. 7, noviembre de 2009) y elaborado por Tamra Gilbertson y Oscar Reyes, dentro del proyecto Carbon Trade Watch del Transnational Institute.
(2) "Green New Deal: Dead end or pathway beyond capitalism", Turbulence, nº 5.
(3) "Remembering André Gunder Frank", Immanuel Wallerstein (Monthly Review, abril de 2008).
(4) "The climate of history: four theses", Dipesh Chakrabarty, Eurozine (30 de octubre de 2009).
(5) Analogía con la "doctrina del shock" de Naomi Klein, empleado por Slavoj Zizek, según el relato de James Burguess en "Everybody's gone green", New Statesman (24 de noviembre de 2009).
(6) "The climate debt crisis: why paying our dues is essential for tackling climate change", Jubilee Debt Campaign & World Development Movement (noviembre de 2009).
(7) "Change trade, not our climate", Ronnie Hall, Our world is not for sale (OWINFS) network (6 de octubre de 2009).
Fuente:http://www.javierortiz.net/voz/samuel
15 de Diciembre de 2009 · Le Monde Diplomatique*
Biocombustibles... La palabra evoca la imagen favorable de una energía renovable, limpia e inagotable, una confianza en la tecnología y en el poder de un progreso compatible con una protección duradera del medio ambiente. El término permite a la industria, a los hombres y mujeres políticos, al Banco Mundial (BM), a Naciones Unidas (ONU) e incluso al Grupo Intergubernamental sobre la Evolución del Clima (GIEC) presentar los combustibles fabricados a partir del maíz, de la caña de azúcar, de la soja y de otros cultivos como la próxima etapa de una lenta transición, que parte desde el pico de la producción petrolera para llegar a una economía energética basada en recursos renovables que todavía no ha sido definida.
Desde ya, los programas son ambiciosos. En Europa se prevé que los combustibles provenientes de la biomasa cubran un 5,75% de los combustibles para transporte terrestre en 2010, y un 20% en 2020. Estados Unidos apunta a 35.000 millones de galones 1 por año. Estos objetivos exceden por mucho la capacidad de producción de la agricultura de los países industrializados del hemisferio norte. Europa debería movilizar el 70% de sus tierras cultivables para mantener ese compromiso; la totalidad de la cosecha de maíz y soja de Estados Unidos debería ser transformada en etanol o biodiésel. Semejante conversión pondría patas arriba el sistema alimentario de las naciones del Norte. Es por ello que los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) miran al hemisferio sur para cubrir sus necesidades.
Indonesia y Malasia incrementan rápidamente sus plantaciones de palma aceitera para poder abastecer al mercado europeo de biodiésel en un 20%. En Brasil -donde la superficie de tierras cultivables dedicada a los cultivos para combustibles ocupa ya un territorio del tamaño de los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Gran Bretaña juntos-, el gobierno prevé multiplicar por cinco la superficie dedicada a la caña de azúcar. Su objetivo es reemplazar el 10% del consumo mundial de nafta de aquí a 2025.
La rapidez con que se opera la movilización de los capitales y la concentración de poder en la industria de los agrocombustibles es asombrosa. En los últimos tres años, se multiplicaron por ocho las inversiones de capital riesgo en el sector. Los financiamientos privados inundan las instituciones públicas de investigación, como lo comprueban los 500 millones de dólares en subvenciones otorgados por British Petroleum (BP) a la Universidad de California. Los grandes grupos petroleros, cerealeros, automotores y de ingeniería genética firman poderosos acuerdos societarios: Archer Daniela Midland Company (ADM) y Monsanto; Chevron y Volkswagen; BP, DuPont y Toyota. Estas multinacionales intentan concentrar sus actividades de investigación, producción, transformación y distribución de nuestros sistemas alimentarios y de abastecimiento en combustibles. Razón de más para sacar a la luz, antes de subirse al tren en marcha, los mitos que subyacen en la transición hacia los agrocombustibles.
Porque la fotosíntesis que participa en estos cultivos sustrae de la atmósfera gases con efecto invernadero, y porque los agrocombustibles pueden reducir el consumo de energía fósil, se asegura que protegen el medio ambiente. Cuando se analiza su impacto "de la cuna a la tumba" -desde la roturación del terreno a su utilización en el transporte terrestre-, las limitadas reducciones en las emisiones de gases con efecto invernadero se anulan con aquellas, mucho más importantes, que originan la deforestación, los incendios, el drenaje de las zonas húmedas, las prácticas culturales y la pérdida de carbono de los suelos. Cada tonelada de aceite de palma emite tanto o más gas carbónico que el petróleo 2. El etanol producido a partir de la caña de azúcar cultivada en selvas tropicales desmontadas emite un 50% más gases con efecto invernadero que la producción y la utilización de la cantidad equivalente de nafta 3. Cuando comenta el equilibrio planetario del carbono, Doug Parr, jefe científico de Greenpeace, declara categóricamente: "Si se produce sólo el 5% de los biocombustibles destruyendo bosques primarios que todavía existen, se pierde todo lo ganado sobre el carbono".
Los cultivos industriales destinados a los combustibles necesitan enormes esparcimientos de abonos producidos a partir del petróleo, cuyo consumo mundial -actualmente, 45 millones de toneladas por año- más que duplicó el nivel de nitrógeno biológicamente disponible en el planeta. Así, el fertilizante contribuyó en gran medida con las emisiones de óxido nitroso, un gas con efecto invernadero cuyo potencial de recalentamiento global es 300 veces más elevado que el del dióxido de carbono. En las regiones tropicales -de donde saldrán muy pronto la mayor parte de los agrocombustibles-, los abonos químicos tienen entre 10 y 100 veces más efecto sobre el recalentamiento planetario que en las regiones templadas 4.
Producir un litro de etanol requiere tres a cinco litros de agua de riego y produce hasta 13 litros de aguas residuales. Se necesita el equivalente energético de 113 litros de gas natural para tratar estas aguas residuales, lo que aumenta la probabilidad de que sean liberadas en el medio ambiente, contaminando así los ríos y las napas freáticas 5. La intensificación de los cultivos energéticos para combustibles también tiene por consecuencia el agravamiento del ritmo de erosión de los suelos, en particular en el caso de la producción de soja (6,5 toneladas por hectárea por año en Estados Unidos, hasta 12 en Brasil y Argentina).
Sus promotores sostienen que los cultivos efectuados en tierras ecológicamente degradadas mejoran el medio ambiente. Quizá el gobierno brasileño tuviera este dato en mente cuando clasificó alrededor de 200 millones de hectáreas de selvas tropófilas, praderas y pantanos como "tierras degradadas" y aptas para el cultivo 6. En realidad, se trataba de ecosistemas de una gran biodiversidad en las regiones de la Mata Atlántica, del Cerrado y del Pantanal, ocupadas por poblaciones indígenas, campesinos pobres y grandes explotaciones de pastoreo extensivo de bovinos.
La introducción de cultivos destinados a los agrocombustibles simplemente tendrá como resultado la expulsión de estas comunidades hacia la "frontera agrícola" del Amazonas, allí donde los modos devastadores de desmonte son bien conocidos. La soja provee el 40% de los agrocombustibles de Brasil: según la National Aeronautics and Space Administration (NASA), cuanto más sube el precio de la soja más se acelera la destrucción de la selva húmeda del Amazonas (325.000 hectáreas por año, al ritmo actual).
En Indonesia, las plantaciones de palma aceitera destinadas a la producción de biodiésel -llamado "diésel de la deforestación"- son la causa principal de la retracción de la selva. Hacia 2020, estas superficies se habrán triplicado y alcanzarán las 16,5 millones de hectáreas (Inglaterra y Holanda juntas), con una pérdida del 98% de la densidad selvática como resultado 7. La vecina Malasia, primer productor mundial de aceite de palma, ya perdió el 87% de sus selvas tropicales y sigue desmontándolas a un ritmo del 7% anual.
En los trópicos, 100 hectáreas dedicadas a la agricultura familiar crean 35 empleos. La palma aceitera y la caña de azúcar crean diez, los eucaliptos dos, la soja apenas uno y medio. Hasta hace poco tiempo, los agrocombustibles abastecían mercados locales y subregionales. Incluso en Estados Unidos, la mayoría de las fábricas de producción de etanol, de un tamaño relativamente modesto, pertenecían a los agricultores. El boom actual hace que la gran industria entre en juego, creando economías de escala gigantesca y centralizando la explotación.
Los grupos petroleros, cerealeros y de cultivos transgénicos refuerzan su presencia en toda la cadena de valor agregado de los agrocombustibles. Cargill y ADM controlan el 65% del mercado mundial de cereales; Monsanto y Sygenta dominan el mercado de los productos genéticamente modificados. Para sus semillas, sus inputs, sus servicios, la transformación y la venta de sus productos, los campesinos que producen para los agrocombustibles dependerán cada vez más de un acuerdo entre empresas fuertemente organizadas. Es muy poco probable que obtengan algún beneficio de dicho arreglo 8. Resulta más verosímil que los pequeños productores agrícolas sean expulsados del mercado y de sus tierras. Cientos de miles ya han sido desplazados en la "República de la soja", una región de más de 50 millones de hectáreas que cubre el sur de Brasil, el norte de Argentina, Paraguay y el este de Bolivia 9.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), hay suficiente cantidad de alimento en el mundo como para alimentar a todos sus habitantes con una ración diaria de 2.200 calorías, bajo la forma de frutos frescos y secos, legumbres, lácteos y carne. Sin embargo, por ser pobres, 824 millones de personas siguen sufriendo de hambre. Ahora bien, la transición anunciada pone a competir la producción alimentaria con la de combustibles en el acceso a la tierra, al agua y a los recursos. Un ejemplo concreto de esa situación se da actualmente en México. Como sus barreras aduaneras fueron desmanteladas en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 10, México importa hoy en día el 30% de su maíz de Estados Unidos. La creciente demanda de etanol en este último país provocó una enorme presión en el precio del cereal, que en febrero de 2007 subió a su nivel más alto de los últimos diez años y provocó un aumento dramático en el precio de la tortilla, un alimento básico. Enfrentado a las manifestaciones de descontento de una población pobre golpeada en el estómago, el gobierno de Felipe Calderón, tras una reunión con las multinacionales de la industrialización y distribución de cereales, debió limitar el aumento del precio de la tortilla a un 40% hasta el próximo mes de agosto.
Aprovechando la coyuntura, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) publicó una serie de "estudios" que afirmaban que la salida de la crisis, para México, pasaba por la producción de maíz para agrocombustibles, y que "este maíz debe ser transgénico" 12.
A escala planetaria, la gente más pobre ya gasta entre un 50 y un 80% de sus ingresos familiares en alimentación. Sufren cuando los altos precios de los cultivos para combustibles hacen subir el precio de los alimentos. El International Food Policy Research Institute (Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, IFPRI) de Washington estimó que el precio de los alimentos básicos aumentará entre un 20 y un 33% en 2010, y entre un 26 y un 135% en 2020. Ahora bien, con cada aumento del 1% en el precio del alimento, 16 millones de personas caen en la inseguridad alimentaria. Si la tendencia actual continúa, 1.200 millones de habitantes podrían sufrir hambre de manera crónica para 2025 13. En este caso, la ayuda alimentaria internacional probablemente no será de gran utilidad, ya que nuestros excedentes agrícolas irán... a las reservas de nafta.
A los promotores de los agrocombustibles les gusta tranquilizar a los escépticos afirmando que los combustibles que hoy en día se producen en base a cultivos alimenticios muy pronto serán reemplazados por otros más compatibles con el medio ambiente, como árboles de crecimiento rápido y el panicum virgatum (una gramínea que crece en matas y cuyo follaje llega a 1,80 metros de altura). Esto les permite hacer más aceptables los agrocombustibles de primera generación.
Saber cuáles son los cultivos que serán transformados en combustible no es pertinente. Las plantas salvajes no tendrán una menor "impronta ambiental", pues su comercialización transformará su ecología. Cultivadas de manera intensiva, rápidamente migrarán de los setos de arbustos y terrenos arbolados hacia tierras cultivables, con las consecuencias ambientales asociadas a ello.
La industria apunta a producir plantas celulósicas, genéticamente modificadas -en particular árboles de crecimiento rápido-, que se descompongan fácilmente para liberar azúcares. Teniendo en cuenta la proclividad a la diseminación ya demostrada por los cultivos genéticamente modificados, pueden esperarse enormes contaminaciones.
Toda tecnología cuyo potencial permita evitar los peores impactos del cambio climático debe ser comercializada a gran escala en los próximos 5 a 8 años. Una perspectiva muy poco probable en el caso del etanol extraído de la celulosa, producto que, hasta el presente, no implicó ninguna reducción en la emisión de carbono 14. La industria de los agrocombustibles está apostando a milagros.
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima que, en los próximos 23 años, el mundo podría producir hasta 147 millones de toneladas de agrocombustibles 15. Semejante volumen estará acompañado por mucho carbono, óxido nitroso, erosión, y por más de 2.000 millones de toneladas de aguas residuales. Por sorprendente que esto parezca, dicha producción sólo compensará el incremento anual de la demanda mundial de petróleo, actualmente estimada en 136 millones de toneladas por año. ¿Vale la pena?
Para las grandes empresas cerealeras, desde luego que sí. Se llamen ADM, Cargill o Bunge, son los pilares de la industria agroalimentaria. Ellas mismas están rodeadas de una cohorte muy poderosa de transformadores de materias primas, de distribuidores asociados por un lado a cadenas de supermercados y por otro a empresas agroquímicas, de semillas y de maquinaria agrícola. De cada cinco dólares que se consumen en alimento, cuatro corresponden a la actividad de estas empresas en su conjunto. Ahora bien, después de cierto tiempo, la parte de producción sufrió una "involución": como las cantidades crecientes de inversiones (inputs químicos, ingeniería genética y maquinaria) no redituaron en un aumento de las tasas de productividad de la agricultura, el complejo agroalimentario debe gastar más para cosechar menos.
Los agrocombustibles son la respuesta perfecta a esta involución. Subvencionados y en etapa de crecimiento, cuando el petróleo retrocede, facilitan la concentración en manos de los actores más poderosos de las industrias alimentaria y energética.
Desgraciadamente, la transición hacia los agrocombustibles padece una tara congénita: éstos entran en competencia con los alimentos por las tierras, el agua y los recursos. Desarrollados en extremo, serán utilizados para producir... agrocombustibles. Una propuesta patética desde el punto de vista termodinámico. "Renovable", en efecto, no quiere decir "sin límites". Incluso si los cultivos pueden volver a plantarse, la tierra, el agua y los nutrientes siguen siendo limitados.
De hecho, el atractivo de estos biocombustibles reside en su potencial de prolongar la economía basada en el petróleo. Con una estimación de un billón de barriles de reservas mundiales restantes de petróleo convencional, un barril de petróleo a 100 dólares no es una realidad muy lejana 16. Y cuanto más alto sea el precio del petróleo, más podrá subir el precio del etanol y seguir siendo competitivo. Por otra parte, es allí donde reside la contradicción para los agrocombustibles de segunda generación: a medida que los hidrocarburos se vuelven más caros, los agrocombustibles de primera generación se vuelven más rentables, desalentando así la inversión en el desarrollo de las generaciones que podrían seguir. Si el petróleo llega a los 80 dólares por barril, los productores de etanol pueden permitirse pagar más de 5 dólares por celemín (alrededor de 127 kg) de maíz, volviéndolo competitivo incluso frente a la caña de azúcar. La crisis energética mundial es potencialmente un premio de entre 80 y 100 billones de dólares para los grupos alimentarios y petroleros. No es sorprendente que no estemos invitados ni incitados a terminar con nuestros hábitos de "sobreconsumo".
La transición hacia los agrocombustibles no tiene nada de inevitable. Ya se han puesto en práctica muchas alternativas locales, conducidas con éxito en el terreno, al mismo tiempo eficaces a nivel energético y centradas en las necesidades de los habitantes, para producir alimento y energía sin amenazar al medio ambiente ni los medios de existencia. Deben asignarse límites -y no subvenciones- a la industria de los agrocombustibles. Sería inaceptable que los países del norte tiraran el fardo de su sobreconsumo hacia el sur del planeta, simplemente porque los países intertropicales gozan de más sol, lluvias y tierras cultivables. Es indispensable una moratoria mundial proactiva sobre el desarrollo de los agrocombustibles; es tiempo de concebir estructuras de regulación y de instaurar programas que permitan la preservación de los recursos. Hay que tomarse el tiempo de establecer una transición mejor; una transición agraria hacia la soberanía alimentaria y energética.
Sin remontarse a 1890, cuando se construyó el primer motor que funcionaba a aceite de maní, se sabe que es posible producir “biocombustibles” mediante una variedad infinita de materias agrícolas: árboles de crecimiento rápido, caña de azúcar, maíz, canola, soja, etc… Precursores en la materia desde 1975, tras el primer choque petrolero, millones de brasileños usan automóviles flex fuel, que andan a etanol –extraído de la caña de azúcar–, a nafta o a ambas a la vez. Una razón para incluir en el orden del día estas fuentes energéticas.
En este registro, Estados Unidos acaba de decidir una reducción del 10% en su dependencia petrolera a lo largo de los próximos diez años, mediante la incorporación del 10% de etanol en la nafta que se vende en el país. La Unión Europea pretende reemplazar el 5,75% de su consumo de nafta y de diésel por biocombustibles de aquí a 2010, y el porcentaje sube al 20% para 2020.
Sin embargo, la visita de George W. Bush a Brasil, en marzo de 2007, provocó el surgimiento de una polémica sobre los “agrocombustibles”. Al proponer una “OPEP de los biocombustibles” –Brasil y Estados Unidos controlan el 72% de la producción mundial–, el locatario de la Casa Blanca encontró un eco favorable en su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Este último preconizó una “alianza estratégica (con Estados Unidos) que nos permita convencer al mundo de que es posible cambiar los hábitos energéticos”.
Por cierto, las consideraciones que animan al jefe de Estado estadounidense no se reducen a la protección del medio ambiente, sino que apuntan a reducir la dependencia petrolera de Estados Unidos respecto de Medio Oriente y de un país “no amigo” como Venezuela; a oponer a Lula y Hugo Chávez; a frenar el proyecto de integración energética de América del Sur que este último alienta. Pero el debate va mucho más allá.
Para sus defensores, estos combustibles alternativos no agotan los preciosos recursos naturales del planeta. Al tiempo que ayudan a reforzar la independencia energética de sus países, ofrecen perspectivas interesantes para los agricultores, particularmente en los países en desarrollo. En Europa, permitirían valorizar tierras “congeladas” por la política agrícola común (ya que la Unión aceptó el cultivo con períodos de descanso y con fines no alimentarios)
Entre los adversarios, el primer jefe de Estado en rebelarse contra estos combustibles, en nombre de “las masas subalimentadas del Sur”, fue Fidel Castro, el 9 de mayo pasado: “La realidad demuestra que ésa y no otra es precisamente la alternativa: o la tierra se destina a la producción de alimentos o a la fabricación de biocombustibles”. Teniendo en cuenta su nivel de consumo, los países desarrollados no disponen de superficies agrícolas suficientes para una conversión de ese tipo. De allí la idea de recurrir a los países del sur para proveerles una energía barata. Pero ¿qué precio deberán pagar estos últimos?
Un documento llamado “Sustainable Energy: A Framework for Decision Makers”, preparado por UN-Energy (un grupo que reúne a todas las instituciones y programas de Naciones Unidas que se ocupan de la energía) publicado el 9 de mayo de 2007, subraya las numerosas ventajas que derivan de los sistemas bioenergéticos, en relación con la reducción de la pobreza, el acceso a la energía, el desarrollo y las infraestructuras rurales. No obstante, advierte: “Los impactos económicos y sociales de la bioenergía deben ser evaluados con cuidado antes de tomar decisiones sobre el desarrollo del sector y sobre la naturaleza de las tecnologías, las políticas y las estrategias de inversión que vayan a adoptarse”.
*Fuente: Le Monde Diplomatique
Una Junta de las Naciones Unidas ha decidido que la soja, el aceite de palma y otras plantaciones para agrocombustibles pueden recibir créditos de carbono a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). La industria de los agrocombustibles, ya impulsada los porcentajes obligatorios , los incentivos y subsidios establecidos por la UE y los USA puede de ahora en adelante optar a cientos de millones en subsidios adicionales.
Grandes cantidades de emisiones de dióxido de carbono de plantas energéticas a base de carbón en Europa, pueden ahora ser oficialmente “compensadas” por empresas que paguen para plantaciones de soja en Brasil, o plantaciones de palma aceitera en Indonesia o Tailandia. Esto impulsará más deforestación y destrucción de otros ecosistemas, y así, más cambio climático.
El MDL fue establecido bajo el Protocolo de Kyoto y permite a países del Norte “compensar” emisiones de gases de efecto invernadero si aportan un pago para proyectos en Sudamérica, en lugar de reducir sus propias emisiones. Esta es una clara evidencia de que lamayoría de los créditos de carbono del MDL se dirigirán a industrias contaminantes en el Sur, normalmente a expensas de las comunidades locales, sus derechos y su medio amibente. En el futuro, cada vez más créditos de carbono del MDL se destinarán a plantaciones de monocultivo en el Sur -lo que desde ahora incluye plantaciones de soja, la palma aceitera y la jatrofa para agrocombustibles. Las nuevas normas del MDL para agrocombustibles establecen que plantaciones deben estar establecidas en “tierras degradadas o en degradación”. Esta definición es tan amplia que, por ejemplo, cualquier superficie de tierra donde la vegetación se esté reduciendo debido a inundaciones crecientes o al calor debido al cambio climático, entrarían a formar parte de la misma. Igualmente, cualquier terreno afectado por la erosión o la compactación de la tierra. Hasta ahora, los monocultivos industriales son la forma más rápida de degradar el suelo, destruir la biodiversidad y contaminar el agua y la atmósfera.
La decisión de la Junta Ejecutiva del MDL de respaldar de este modo los monocultivos para agrocombustibles ha estado basada en dos solicitudes presentadas por la industria: una fue impulsada por la empresa Agrenco, que espera obtener generosa financiación a través del mercado de carbono para plantaciones de soja en el estado brasilero de Mato Grosso. Mato Grosso tiene la tasa más alta de deforestación dentro de la Amazonía, debido principalmente a los monocultivos de soja. El cerrado, que es la sabana más biodiversa del mundo, también está siendo destruida a causa de la expansión de la soja en Mato Grosso, y con ella, el sustento de comunidades indígenas, entre otras. Además, el Mato Grosso es uno de los dos estados en la Amazonía brasilera con la tasa más alta de apropiación ilegal de tierras, que es algo muy común entre las empresas que establecen plantaciones. La segunda solicitud en la que se basó la decisión fue para la expansión de la palma aceitera en Tailandia. El gobierno tailandés está promocionando la expansión de la palma de 400.000 hectáreas en 2006 a 1,6 millones de hectáreas para el año 2029. Las plantaciones se están expandiendo rápidamente sobre los bosques de las cuencas hidrográficas y humedales y sobre bosques comunitarios y campos de arroz. La tendencia de las precipitaciones se está reduciendo en Tailandia más de lo que requieren las plantaciones de palma por lo que el agotamiento del agua dulce es inevitable. De acuerdo a la organización tailandesa Project for Ecological Awareness (Proyecto para la Conciencia Ecológica): “Si se lleva a cabo una expansión de la palma aceitera de acuerdo al plan gubernamental, Tailandia perderá irreversiblemente su seguridad alimentaria, su biodiversidad biológica, así como un pulmón invaluable para el mundo.”
Para apoyar a salvalaselva.org: firmar la carta . Una copia con todas las firmas será enviada a cada uno de los miembros de la Junta.
Fuente: salvalaselva.org
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